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Acuerdos internacionales

Guía del Inversor / Uruguay XXI


Acuerdos Internacionales

Desde 1991 Uruguay forma parte junto con Argentina, Brasil y Paraguay del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), proceso al que se incorporó Venezuela en 2012. El proceso de apertura regional se ha complementado con la firma de acuerdos internacionales en materia de bienes, servicios, compras públicas, inversiones y doble tributación.


Acuerdos tributarios


Conjuntamente con una ubicación privilegiada y un régimen muy atractivo para la inversión, Uruguay cuenta con trece acuerdos comerciales vigentes que incluyen preferencia en bienes y tres acuerdos sobre servicios, que le permiten ser un punto de entrada óptimo para mercados de gran relevancia económica.


La reconocida estabilidad política y social del país, sumada a su solidez macroeconómica y confiabilidad de su sistema jurídico son una garantía para quienes decidan invertir en el país. Cerca de treinta acuerdos de promoción y protección de las inversiones y trece acuerdos para evitar la doble imposición fiscal ratifican esta decisión.


Acuerdos con preferencias en bienes

Uruguay es parte junto con Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Uruguay ha suscrito, como parte del Mercosur o por sí mismo, una serie de acuerdos comerciales que le permiten acceder a otros mercados más allá del Mercosur con preferencia arancelaria.


El MERCOSUR ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de América Latina: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004), Perú (2005) y Cuba (2006). Con México (2002) se firmó un acuerdo que abarca exclusivamente el sector automotriz. Fuera de la región, el Mercosur ha firmado acuerdos con Israel (2007), India (2004), SACU (2008), Egipto (2010) y Palestina (2011). El Mercosur también es parte del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo (SGPC), vigente en Uruguay desde 2005. Los acuerdos con SACU, Egipto y Palestina aún no han entrado en vigencia.


Uruguay suscribió además con México un Acuerdo de Libre Comercio bilateral (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países.


Acuerdos de Servicios

Los acuerdos de servicios buscan dar garantías a las partes sobre el respeto de ciertos principios básicos como ser el trato nacional y nación más favorecida, que garanticen el ingreso a los mercados sin existencia de discriminaciones. Estos acuerdos implican compromisos de los países en relación con diferentes sectores del comercio de servicios y con cuatro modos de suministros: suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y presencia de personas físicas.


La importancia que le asigna Uruguay al comercio de servicios lo ha llevado a suscribir acuerdos que impliquen compromisos en esta materia. Se han suscripto hasta el momento tres acuerdos de servicios, con el MERCOSUR, con Chile y con México.

Acuerdos de contrataciones públicas

La mayor parte de los países cuentan con normativa específica que regula el mercado de las compras realizadas por el Estado o empresas del Estado, incluyendo dentro de esta normativa restricciones o discriminaciones favorables a los nacionales del país. Los acuerdos de compras públicas buscan garantizar ciertos principios básicos vinculados al trato nacional y a la transparencia de los procedimientos, entre otras cosas.


Si bien Uruguay cuenta con un mercado abierto en materia de compras públicas, en el cual los inversores y oferentes extranjeros pueden presentarse, se cuenta actualmente con un acuerdo en esta materia con Chile y otros en proceso de negociación.

Acuerdos de promoción y protección de inversiones

Uruguay tiene actualmente veintinueve acuerdos vigentes de Promoción y Protección de Inversiones. Tres de estos Acuerdos (Chile, México y Estados Unidos) incluyen pre-establecimiento. Los acuerdos suscriptos con Alemania, Países Bajos, Suiza, Hungría, Italia, Rumania, Polonia, Reino Unido, Bélgica, España, Francia, China, Malasia, Canadá, República Checa, Venezuela, Suecia, Portugal, Panamá, Israel, El Salvador, Australia, Finlandia, Armenia, Vietnam, Corea son acuerdos de post-establecimiento.


Los principales principios buscados por los inversores en esta clase de acuerdos están reflejados en los acuerdos vigentes. La cobertura de los acuerdos suscriptos por Uruguay es muy amplia, dando la máxima garantía a quienes decidan invertir en el país. Todos los acuerdos suscriptos garantizan a los inversores extranjeros determinados principios como ser cláusula de la nación más favorecida, disposiciones de trato justo y equitativo, cláusulas vinculadas a la expropiación y la no restricción a las transferencias. Asimismo, todos los acuerdos suscriptos por Uruguay en materia de inversiones contienen disposiciones vinculadas a la solución de controversias entre un inversionista y el Estado donde se efectúa la inversión y entre Estados, incluyendo la posibilidad de recurrir a un tribunal internacional por parte de un inversionista que tenga una reclamación frente al Estado.

Acuerdos para evitar la doble imposición fiscal

Diferentes criterios de tributación pueden provocar que las empresas o personas se vean sometidas a imposición por el mismo concepto en más de un país cuando operan a nivel internacional. Los acuerdos internacionales buscan, entre otras cosas, evitar la doble imposición tributaria delimitando la potestad tributaria de cada uno de los países.


Uruguay cuenta con acuerdos vigentes con España, Suiza, Portugal, México, Malta, Liechtenstein, India, Corea, Finlandia, Ecuador, Alemania, Hungría y Argentina. Estos acuerdos cuentan con disposiciones que eliminan la doble imposición entre las partes, en lo que hace a impuestos a la renta y el patrimonio, y garantizan la no discriminación tributaria.


Estos acuerdos ofrecen estabilidad y previsibilidad en materia fiscal estableciendo mecanismos para evitar la doble imposición e indicando cuál de los Estados Contratantes tiene la competencia tributaria para los principales impuestos vinculados a la renta y el patrimonio. Esto se logra tanto a partir de la renuncia de jurisdicción de uno de los Estados o bien estableciendo tasas máximas en caso de admitirse la doble imposición y generando mecanismos para deducir o exonerar los impuestos pagados en otro territorio.