Empresas españolas identificaron oportunidades en infraestructura y movilidad urbana en Uruguay

La agencia gubernamental de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, participó de las Jornadas sobre Infraestructuras de Transporte y Movilidad Urbana en Uruguay. La actividad reunió a autoridades nacionales, departamentales, representantes de la Unión Europea, organismos multilaterales y una destacada delegación empresarial de ambos países.

El encuentro, organizado por el ICEX —el organismo español de internacionalización— y la Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo, contó con la participación de una misión integrada por 16 empresas españolas de primer nivel, entre las que destacaron ADIF (Administradora de las Infraestructuras Ferroviarias de España) y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

La actividad profundizó en los modelos de gestión, mecanismos de financiamiento y proyectos clave en materia ferroviaria, vial y de transporte metropolitano sostenible en Uruguay.

Durante la apertura, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, calificó el momento actual como "histórico", debido a las proyecciones que abre el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que permitirá a Uruguay presentarse como la puerta de entrada natural a la región para las empresas europeas. Asimismo, elogió la seguridad jurídica y la capacidad del país para construir consensos de Estado que trascienden los ciclos políticos.

"España es el principal inversor extranjero en Uruguay, con un stock de inversión de más de US$ 7.500 millones y con más de un centenar de empresas presentes de forma estable en todos los sectores", señaló el diplomático.

El valor del aftercare y los atributos del país
Durante su intervención en el bloque sobre la situación general del mercado, el vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI, Martín Mercado, repasó las herramientas que la agencia brinda para el desembarco y posterior expansión de los capitales extranjeros en el territorio nacional.

Mercado hizo hincapié en el trabajo de postinversión (aftercare) y señaló que el crecimiento de las firmas ya instaladas en Uruguay es el mejor reflejo del clima de negocios local.

“Gran parte de las empresas terminan expandiéndose y ampliando su presencia en nuestro país. Ahí también nos encuentran para acompañarlas. Tal vez la reinversión de las empresas, españolas principalmente, es el mejor indicador, más allá de cualquier indicador macroeconómico de estabilidad que pueda comentar”, afirmó Mercado.

El jerarca detalló que actualmente existen unas 159 empresas de origen español identificadas en Uruguay, que generan empleo para 10.000 personas y consolidan a España como un socio comercial estratégico que concentra aproximadamente el 40% del stock de inversión extranjera directa (IED) en el país.

Sostuvo que los factores clave que dinamizan esta corriente inversora y diferencian a Uruguay en la región son la previsibilidad y estabilidad que brinda el marco normativo claro, acompañado por incentivos fiscales consolidados como los que propone la Ley de Promoción de Inversiones, vigente desde hace más de tres décadas. También destacó el sistema tributario unificado a nivel nacional, que simplifica la operativa de negocios, la cercanía institucional que facilita el contacto con los distintos niveles de gobierno y la calidad del talento local, uno de los principales activos del país y un elemento clave para que las empresas elijan instalarse en Uruguay y proyectar desde allí sus servicios hacia la región.

Mercado coincidió en el impacto positivo del Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur, y recordó que —según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— los países que suscriben estos acuerdos experimentan un incremento exponencial de la inversión extranjera directa a mediano plazo debido a las demandas de infraestructura y logística que genera la apertura de mercados.

La actividad contó además con paneles técnicos integrados por representantes de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Nacional de Transporte, junto con expertos de organismos financieros y multilaterales.